Ana Santander
Ana Santander

12 Feb 2020

DERECHOS DEL ADULTO MAYOR O TERCERA EDAD

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Derechos del adulto mayor o tercera edad. En nuestro país aún no contamos con una ley especial sobre esta materia. Solo tenemos normas dispersas que procuran proteger a nuestros ancianos pero que son  insuficientes ante la discriminación, abandono y abuso al que con frecuencia y públicamente vemos que son sometidos.

¿ES NECESARIO SE DICTE LEY ESPECIAL QUE CONSAGRE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR O TERCERA EDAD?:

Para quien suscribe la respuesta es obvia y en sentido afirmativo.

A pesar, que la Asamblea Nacional Constituyente se declaró en el pasado, en sesión permanente para discutir los derechos de la tercera edad, el poder legislativo sigue en deuda con esos adultos mayores que durante tanto tiempo fueron protagonistas de la construcción de nuestro país.

Deber del Estado de restablecer la protección y dignidad a los adultos mayores:

Tiene el Estado el deber de aportar el financiamiento necesario dentro de la partida presupuestaria para atender el régimen de atención al adulto mayor con recursos fiscales.

Se impone legislar sus derechos en forma progresiva:

tal y como ocurre con los derechos de nuestros menores. Y no solo poner en práctica programas de protección para ellos a través de las Alcaldías.

Aclarado lo anterior veamos,

LOS ESFUERZOS LEGISLATIVOS VIGENTES EN NUESTRO PAÍS SOBRE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR O TERCERA EDAD:

Tenemos bloques normativos dispersos y complicados de manejar. Unos imponiendo contribuciones fiscales, otros con una visión de asistencia.

CRBV:
Artículo 80:

El Estado garantizará a los ancianos el pleno ejercicio de sus derechos, atención integral y beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida.

Artículo 82: 

los adultos mayores tienen derecho a una vivienda adecuada.

Artículo 83:

todas las personas tienen derecho a la protección de la salud.

Artículo 86:

toda persona tiene derecho a la seguridad social a la protección en contingencias por enfermedades, discapacidad y  riesgos laborales. La ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección. 

Artículo 135:

las responsabilidades del Estado en virtud de la solidaridad social y asistencia humanitaria, no excluyen a las que correspondan a los particulares según su capacidad. El sector público y privado, individual y colectivo debe participar activamente en la garantía de protección de aquellos sujetos que por razones diversas atraviesen un estado de necesidad. Es decir, existe una responsabilidad solidaria frente al Adulto Mayor

Finalmente y según el artículo 23 los tratados relativos a derechos humanos prevalecen si contienen normas más favorables a las establecidas en las leyes de la República. Así tenemos:

Disposiciones Internacionales en materia de Protección Social al Adulto Mayor que tienen aplicabilidad en Venezuela:
Convenios de la O.I.T., ratificados por Venezuela:
1) Convenio 102 sobre Seguridad Social 1952, en su Parte V:

regula las prestaciones de vejez disponiendo que todo Estado miembro deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de vejez.

2) Convenio 128 relativo a las Prestaciones de Invalidez, Vejez y Sobrevivientes 1967, en su Parte III:

también regula las prestaciones de vejez en el mismo sentido.

3) Convenio 118 relativo a la Igualdad de Trato de Nacionales y Extranjeros en Materia de Seguridad Social 1962:

trata las ramas de la seguridad social y las prestaciones de vejez.

4) La Convención Interamericana Sobre La Protección De Los Derechos Humanos De Las Personas Mayores 2015:

lamentablemente no ha sido ratificada por Venezuela.

Código Civil:
Artículo 284:

que prevé la obligación de los hijos de suministrar a sus padres mantenimiento si así lo requieren.

La Ley Del Seguro Social Obligatorio:v

Recoge la previsión social a favor de la protección en la vejez. La pensión por vejez es vitalicia y se comienza a pagar siempre que se tenga derecho a ella, desde la fecha en que sea solicitada.

Ley de seguridad social de las fuerzas armadas nacionales: 

Establece el régimen de seguridad social del personal. Consagra el derecho a los Oficiales y Suboficiales Profesionales de Carrera que pasen a la situación de retiro o cese de funciones y el personal de Tropa Profesional que sea retirado.

Ley del régimen de jubilaciones y pensiones de los funcionarios de la administración pública nacional:

El derecho a la jubilación, exclusivo de los funcionarios de carrera, se adquiere cuando el funcionario haya alcanzado la edad de 60 años si es hombre o de 55 si es mujer.

Ley de protección al adulto mayor del Estado Lara 11/08/2005:

Que ordena todos y cada uno de los beneficios del adulto mayor, tales como: salud, asistencia jurídica gratuita, trato preferencial, beneficios en transporte público, asistencia en educación, prestaciones económicas, entre otras.

Contempla las casas de vida prolongada, las gero-granjas y sanciones a quienes infrinjan esta Ley.

El anterior es un excelente ejemplo de protección integral a la tercera edad.

(Saber más)

¿QUÉ DEBE CONTENER UNA LEY ESPECIAL SOBRE LOS Derechos del adulto mayor o tercera edad?:

A título de ejemplo, el automatizar el sistema de pago de pensiones a los adultos mayores para que al cumplir 55 años las mujeres y 60 años los hombres, accedan a este derecho. Se debe erradicar la discriminación.

Prever políticas de acceso a la salud, incorporación al sistema productivo y protección en general sobre todo cuando estén en condiciones que no puedan por si mismos satisfacer sus necesidades.

Muy especialmente fomentar la sensibilización de la sociedad con el adulto mayor.

(Saber más)

A MODO DE REFLEXIÓN:

Vemos como adultos mayores son discriminados de múltiples formas empezando desde el propio seno del hogar, donde su propia familia les excluye. La tendencia es verlos como improductivos, ineficientes, enfermos y decadentes.

Queda pues a nosotros, los colaboradores de la justicia, abogados en ejercicio impulsar a través de nuestros canales respectivos, que al adulto mayor se le reconozcan sus derechos y deberes en normas sustantivas que procuren un verdadero balance entre lo garantista, asistencialista e impositivo.

Este Despacho Jurídico se suma a esa tarea.

 

Dra. Ana Santander.

Abogado UCAB

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