"Un verdadero Abogado Litigante se compromete con su cliente más allá del deber ser."

Dra. Ana Santander Ortiz.

Ana Santander
Ana Santander

27 Oct 2017

TERRORISMO JUDICIAL:

En ocasiones a través de los medios de comunicación social, escuchamos a personajes de la política usando el término de “terrorismo judicial”. Ese aforismo no es menos frecuente entre nuestros clientes, quienes aseguran que, en ocasiones sus parejas, con la colaboración de los profesionales del derecho que los asesoran, los tienen debatiéndose en medio de un “terrorismo judicial”. Analicemos brevemente el tema de la manera acostumbrada. EN QUÉ CONSISTE: Se trata de la aplicación de conocimientos jurídicos, acompañados de un comportamiento delictivo, a través de los cuales se acosa,intimida y amedrenta a una persona, exigiéndole altas sumas de dinero y/o la realización de tal o cual conducta que aproveche a quien lo ejerce. Pudiendo en ocasiones dejar en una situación de insolvencia económica, al sujeto víctima de tal actuar. Lo anterior ocurre, por ejemplo cuando se utiliza la Jurisdicción Penal para resolver situaciones cuya competencia es indiscutiblemente de la Jurisdicción mercantil o Civil, verbigracia, cuando se utilizan los Juzgados Penales para resolver cuestiones o controversias de derecho privado, mediante la interposición de una denuncia temeraria con el avieso objetivo de debilitar la voluntad de la parte contraria. Todo lo anterior, hace que la parte interesada, solicite la intervención del aparato jurisdiccional de manera URGENTE para ponerle freno a esas arbitrariedades que desprestigian al Poder Judicial. Esta institución va muy de la mano con el Fraude Procesal. EL FRAUDE PROCESAL:  Consiste en las maquinaciones y artificios realizados en el curso del proceso, o por medio éste, destinados, mediante el engaño o la sorpresa en la buena fe de uno de los sujetos procesales, a impedir la eficaz administración de justicia, en beneficio propio o de un tercero y en perjuicio de parte o de tercero. Estas maquinaciones y artificios pueden ser realizados unilateralmente por un litigante, lo que constituye el dolo procesal stricto sensu, o por el concierto de dos o más sujetos procesales, caso en que surge la colusión; y pueden perseguir la utilización del proceso como instrumento ajeno a sus fines de dirimir controversias o de crear determinadas situaciones jurídicas (como ocurre en el proceso no contencioso), y mediante la apariencia procedimental lograr un efecto determinado; o perjudicar concretamente a una de las partes dentro del proceso, impidiendo se administre justicia correctamente. Se está ante una actividad procesal real, que se patentiza, pero cuyos fines no son la resolución leal de una Litis, sino perjudicar a uno de los litigantes o a los terceros. REQUISITOS DE PROCEDENCIA: Es indispensable que exista Violación constitucional, violaciones al Derecho a la Defensa, al Debido Proceso entre otros, que se cercene el derecho constitucional a obtener del Estado una decisión transparente, previsto en el artículo 26 de nuestra CRBV, que garantiza el derecho a una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, “transparente”, en la que no cabe la parcialización, el terrorismo judicial y el fraude procesal. SE CONTRAPONE CON LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA: Implica la posibilidad que tenemos todos de acceder antes los órganos encargados de la función jurisdiccional para satisfacer nuestras pretensiones jurídicas, y que seamos sometidos a un proceso verdaderamente eficaz, tomando en consideración las exigencias de brevedad y no formalidad. De tal manera que si “A”, accede a los Tribunales Civiles, Mercantiles y/o Penales, a través de distintas acciones, todas debidamente fundamentadas en los hechos y en el derecho, sin caer en el campo de la “temeridad”, con el propósito legítimo de obtener, (luego de con contradictorio, que patentice las garantías constitucionales a cada parte involucrada), una decisión judicial que lo beneficie frente a “B”, estamos en el marco de una Tutela Judicial Efectiva que no tiene tintes de Terrorismo Judicial. Por el contrario, si “A” accede a los Tribunales Penales, con el fin de obtener pronunciamientos que no revisten carácter penal en ninguna forma, pero que si producirán un “efecto sicológico” sobre su contraparte, con el solo propósito de extorsionarla y obtener un beneficio “mal habido” en su favor, pues efectivamente estaremos en el área del Terrorismo Judicial.  El límite entre uno y otro no es tan delgado como parece. Antes bien, la prueba del alegado terrorismo judicial, suele ser del tipo llamado coloquialmente “pruebas diabólicas” por lo complicadas y difíciles que son, en el sentido de llevar la convicción plena al juzgador que se está ante un caso de “terrorismo judicial”.  QUIÉN LO COMETELos Funcionarios del Poder Judicial: No es más que el que acontece en las actuaciones realizadas por funcionarios integrantes del Poder Judicial, en las Jurisdicciones Civiles, Penales, del Ministerio Público, incluso Notarios, Registradores Públicos, por las temerarias conductas ejecutadas ante esas Autoridades mencionadas, siempre que se pueda verificar la presunta perpetración entre otros de los delitos de extorsión, corrupción y delitos contra la Administración de justicia, todos provenientes de concertado fraude procesal y terrorismo judicial ejercido por Jueces, Fiscales del Ministerio Público u otros Funcionarios Públicos, en contra de determinada persona. Por los Particulares en conjunción o no con sus Abogados asesores: Es el que acontece en las actuaciones realizadas bajo el ministerio de un Abogado en el libre ejercicio, quien valiéndose de sus conocimientos legales, por ejemplo, convierte un asunto meramente mercantil en un caso penal, con fines poco nobles e ilegales. Se utiliza al sistema de Justicia para llevar a cabo actos que deben entenderse sin duda alguna como amedrentamientos y terrorismo judicial, en contra del denunciado, pues lo cierto es que no existen elementos serios para determinar que efectivamente pudiera el denunciado estar incursos en delito alguno. Mixto: Cuando hay connivencia entre el Funcionario Público y el Particular, cuando se observa una parcialidad con la presunta “víctima” y por ejemplo, el Fiscal del Ministerio Público, quienes aplican el terrorismo judicial en coalición, al punto de hacer (el particular) pedimentos de mala fe que le son admitidos (por el Fiscal en nuestro ejemplo), a pesar de hacer oposición legal la defensa (el contrario perjudicado), al cual  jamás van a valorar ni apreciar de la misma forma que al denunciante. NO HA LUGAR AL TERRORISMO JUDICIAL: En el delito en cuestión, la amenaza debe expresarse de una manera real, seria, debe ser un daño/mal futuro, pero que depende del que formula la amenaza (está en su mano  que se cumpla o no), en consecuencia si se demostró que las decisiones judiciales o administrativas que instó el supuesto actor del terrorismo judicial, fueron ajustadas a derecho; si se demostró que nunca hubo ningún tipo de componenda entre el denunciado y los órganos del poder público denunciados; si nunca existió una amenaza que pudiese quedar bajo el control del denunciado y tampoco éste podía controlar, (el denunciado no podía intervenir en la decisión del Ministerio Público ni  en las resultas de  la decisión Jurisdiccional), entonces, la conclusión lógica, bajo todo silogismo judicial será que nunca hubo terrorismo judicial.CÓMO PROBAR EL TERRORISMO JUDICIAL: El interesado deberá probar: 1) La existencia de maquinaciones y artificios realizados en el curso de uno o varios procesos,para omitir de un todo a la “víctima”, mediante el uso de procesos que persiguen crear situaciones jurídicas fraudulentas, nulas e inexistentes. 2) Destinados, mediante el engaño o la sorpresa en la buena fe de uno de los sujetos procesales: Engaño, en todos los procesos a la buena fe de la víctima. 3) A impedir la eficaz administración de justicia, en beneficio propio o de un tercero. 4) En perjuicio de parte o de tercero: En perjuicio de la víctima,  falseando los hechos, y creando artificios con dolo en estricto sensu. 5) Persiguiendo los procesos instaurados, fines distintos a los que están llamados a perseguir, a saber el dirimir controversias. PETITORIO: La solicitud principal será que como consecuencia del actuar denunciado, las actuaciones posteriores al hecho que lo originó sean declaradas nulas, inexistentes y sin efecto alguno, para retrotraer las cosas al estado en que estaban antes de la consumación-ejecución del terrorismo judicial realizado mediante los referidos trámites procesales.


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